Central Energía

En el otoño de 2008, antes que las intensas lluvias de mayo aliviaran el sistema, Chile estuvo a las puertas del racionamiento eléctrico, producto de un 2007 inusualmente seco. En abril de ese año, los costos marginales de generación eléctrica se empinaron hasta los 374,8 $US/MWh en el SIC y 510,9 $US/MWh en el SING. ¿Qué fue lo que hicimos mal?

Marco de inversiones eléctricas

Buena parte del problema fue provocado por la falta de inversión de los generadores eléctricos. Esto, a su vez, tuvo un origen regulatorio. Durante el racionamiento de 1999, desencadenado por la grave sequía de 1998, siendo Óscar Landerretche presidente de la CNE se aprobó el decreto 99 bis. Éste eliminaba las exenciones de multas a los generadores que no entregaran la energía esperada ante eventos de sequías extremas o fallas inesperadas. Ante un escenario tan severo, las generadoras optaron por dejar de presentarse a las licitaciones de suministro convocadas por las empresas distribuidores. Después de todo, el riesgo era demasiado alto y los precios habían quedado demasiado bajos con la aventura de gas argentino para seguir apostando al negocio. Podría argumentarse que el espíritu del 99 bis era el correcto, pues las sequías y fallas inesperadas son eventos consustanciales al negocio eléctrico. Es posible, pero en ese caso las señales de precios tendrían que haber sido distintas.
Los problemas que ocasionaría esta modificación legal fueron advertidos en su momento por los legisladores. En la discusión en general, la Senadora Matthei señaló sobre este artículo

“Esto requerirá mayores inversiones, cambio de contrato y, posiblemente, alza en las tarifas (…) El Gobierno pretende hacer pagar compensaciones a las generadoras sosteniendo que, después de la promulgación de esta ley, la sequía por sí sola no será fuerza mayor. (…) Esta indicación, obviamente, es más exigente que lo que existe hoy día en el artículo 99 bis, porque, de acuerdo con éste, una sequía peor a la del 68 constituye, por sí sola, una causa de fuerza mayor. Y con esta indicación unánime no lo sería. Por lo tanto, es mucho más exigente”.

Los consumidores regulados comenzaron a quedar desprotegidos de los distribuidores, sin contratos formales desde 2002 hasta 2010. En el mercado de los clientes libres, se dieron precios y suministros forzados por juicios arbitrales, así como contratos sin más alternativas, con plazos exagerados y duras exigencias.
La entidad reguladora –la CNE- tenía incentivos para mantener los precios bajos, por lo que el periodo de subinversión se prolongó mucho más allá de lo debido, y nos volvió a poner al borde del racionamiento en 2004, año en que fuimos “salvados” a última hora por la central Ralco. Recién en 2005 se aprobó la Ley Corta II, un cambio normativo que apunta drásticamente en la dirección contraria, y por el cual los consumidores tendremos que pagar por años precios más elevados. Se implementó una tarificación de precios libres y ofertas de largo plazo, cuyo objetivo original era incentivar las urgentes inversiones. Pero las inversiones no son inmediatas. Los nuevos contratos de suministro sólo se empezaron a tramitar un año y medio después de la promulgación de la ley, lo que dejó un periodo de incertidumbre para las empresas que terminó por retrasar los proyectos. El sector privado enfrentó un riesgo político para las inversiones, pues desconocían si habría o no gas, por lo que había incertidumbre sobre la viabilidad de los proyectos . Los inversionistas corrían el riesgo de que su tipo de generación (carbón principalmente) no hubiese sido rentables en caso de que Argentina hubiera retomado completamente los envíos.

Cortes de gas

Los cortes de gas de Argentina originados por la Resolución 265 del año 2004 del Departamento de Energía de ese país, tuvieron un impacto dramático en los precios. Sin embargo, su impacto en la seguridad del abastecimiento fue moderado, pues casi toda la capacidad instalada diseñada para operar con gas se adaptó para funcionar con diesel, lo que implica pérdida de potencia cercanas al 14%. La razón principal que explica los cortes son los precios artificialmente bajos del gas en el mercado argentino, lo que desincentiva por completo el desarrollo de nuevos proyectos y eleva la demanda. No obstante, el Gobierno tuvo a su alcance medidas que hubieran permitido morigerar el daño de los cortes de gas:

1- Mantuvo artificialmente bajos los precios de nudo, como si el gas fuese un recurso infinito, pese a que en 1997 se existían reservas probadas por sólo 15 años. Supuso que se instalarían nuevas plantas de ciclo combinado que mantendrían las tarifas bajas, lo que a su vez, impidió el desarrollo de nuevas plantas hidráulicas y térmicas. Hubo casi una década de ausencia de proyectos hidráulicos. Esta falta de señales se hizo más urgente cuando Argentina congeló los precios internos a niveles irrisoriamente bajos, lo que detuvo las inversiones. Esto permitía prever escasez futura, pero tuvimos que esperar hasta las leyes cortas para insinuar el camino correcto.

2- Faltó fortaleza por parte de la Cancillería para hacer valer la posición chilena. Chile asumió la totalidad de las restricciones, pese a que el protocolo gasífero establece una cláusula de proporcionalidad, que señala que, ante restricciones inesperadas, las partes asumirán las pérdidas en forma proporcional al consumo. Y Chile, con 20 millones de m3 diarios contratados, ostentaba sólo un sexto del consumo cuando comenzaron los cortes (desde que se estabilizaron las restricciones bajó del 1% del consumo total). Se actuó con la lógica de “Argentina tiene la sartén por el mango, no nos conviene golpear la mesa, porque sería mucho lo que podríamos perder”. Sin embargo, fue mucho lo que perdimos –se nos han enviado “migajas”, llegando a menos del 5% de la cantidad contratada- y ni siquiera golpeamos la mesa. Chile es su cuarto socio comercial y genera un cuarto de su superávit comercial, pera esta condición fue pobremente marcada por nuestras autoridades. Llamó la atención el descarte prematuro que hizo el gobierno del recurso de solución de controversias contemplado en el tratado.

Por Joaquin Barañao, cofundador y editor de Central Energía.