Proyectos de ley en trámite
Compensaciones para municipios por instalación de central eléctrica
Se presentó un proyecto de ley para compensar a las comunidades locales por la instalación de nuevas centrales generadoras. La propuesta plantea que las empresas generadoras paguen una compensación a los municipios donde instalen nuevas centrales de generación eléctrica, la que ascendería a 270 UTM (del orden de US$ 20.000) por cada MW instalado, para centrales de capacidad superior a 200 MW. Estas compensaciones no generarían costos adicionales a las generadoras, dado que se descontarán de otros impuestos. Las comunas recibirán estos aportes en 10 cuotas anuales, las que deberán destinar a proyectos de desarrollo. La propuesta tiene por finalidad retener una mayor proporción de los beneficios que generan las centrales localmente y dar mayor certidumbre a las compensaciones en las que deben incurrir las empresas generadoras, las que actualmente muchas veces se llevan a cabo por vía de negociaciones informales.
Reforma institucionalidad ambiental, crea el Ministerio del Medio Ambiente (LEY 20.417)
Recientemente fue aprobado y promulgado un proyecto de ley que crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Las reformas buscan fundamentalmente centralizar las competencias ambientales en organismos dedicados, que actualmente están diluidas en una variedad de organismos que deben coordinarse, con las dificultades que esto supone. El Ministerio estará a cargo del diseño de políticas del ramo, el Servicio de Evaluación Ambiental se hará cargo del SEIA y la Superintendencia será la encargada de la fiscalización. El proyecto de ley supone un rediseño mayor de la institucionalidad ambiental en Chile y la ley debería entrar en vigencia próximamente. Vea nuestro artículo al respecto.
Proyecto de Ley Tribunal Ambiental
Actualmente está en discusión un proyecto de ley para crear un tribunal ambiental, que viene a complementar el rediseño de la institucionalidad ambiental. Se busca disponer de un tribunal especializado para tratar temas ambientales, que provea decisiones previsibles y dé certeza jurídica.
Anteproyecto material particulado fino respirable MP2,5 (Resolución 4624)
Anteproyecto de norma primaria de calidad ambiental para material particulado fino respirable MP2,5. Su aprobación aumentaría las exigencias de emisiones que deben cumplir las centrales termoeléctricas. Versión de 10-08-2009.
Anteproyecto norma de emisión para termoeléctricas (Resolución 7550)
Anteproyecto de norma de emisión para centrales termoeléctricas. Limita los niveles de material particulado, dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) que pueden emitir las centrales termoeléctricas, diferenciando las exigencias según sean centrales existentes o nuevas. Además, se establecen límites a las emisiones de metales pesados (mercurio, níquel y vanadio) para las centrales que utilicen carbón o petcoke. Su aprobación aumentaría las exigencias de emisiones que deben cumplir las centrales termoeléctricas. Versión de 07-12-2009.
Nueva regulación constitucional de las aguas
Se está discutiendo una propuesta para una nueva regulación constitucional de las aguas, que se basaría en cinco ejes. Primero, elevar a rango constitucional el concepto de agua como bien nacional de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren los recursos hídricos, considerando expresamente los glaciares y nieves. Segundo, establecer la facultad del estado para reservar caudales de aguas. Tercero, establecer el procedimiento de constitución, reconocimiento, transferencia, transmisión, renuncia, extinción, caducidad y pérdida de los derechos de agua. Cuarto, establecer corporaciones administradoras de cuencas. Y quinto, establecer la exploración, explotación y constitución de derechos de aprovechamiento de aguas en conformidad a la diversidad geográfica y climática del país, y a la disponibilidad efectiva de los recursos hídricos. Su materialización introduciría el concepto de la caducidad de los derechos de agua, lo que establecería limitaciones a la propiedad efectiva del agua e introduciría incertidumbre para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos.